El presidente Donald Trump anunció en febrero, a través de las redes sociales, que solicitaría al Congreso un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares para el año fiscal (AF) 2027: ¡un aumento masivo de 500.000 millones de dólares con respecto al presupuesto del Pentágono de este año, que asciende a 1 billón de dólares!
La Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) asignó inicialmente fondos a los programas de defensa por un monto aproximado de 850.000 millones de dólares para el AF 2026. Sin embargo, esta cifra aumentó posteriormente hasta alcanzar el billón de dólares gracias a 150.000 millones de dólares en fondos adicionales obtenidos mediante el “proceso de reconciliación”, lo que marcó la primera vez que se aseguraron fondos para la defensa a través de dicho procedimiento. Cerca de 19.000 millones de dólares de esos fondos de reconciliación se destinaron a la modernización nuclear.
La reconciliación es un procedimiento legislativo especial del Congreso que agiliza la tramitación de leyes que afectan a los impuestos, el gasto y el límite de la deuda, permitiendo su aprobación en el Senado por mayoría simple (51 votos) en lugar de los 60 votos requeridos para poner fin a un obstruccionismo parlamentario (*filibuster*). Se trata de un proceso de dos fases que comienza con una resolución presupuestaria, seguida por la elaboración de legislación por parte de los comités con el fin de cumplir objetivos fiscales específicos; en este caso, la asignación de fondos adicionales a programas de defensa.
Para el año fiscal 2027, con el objetivo de alcanzar la meta de 1,5 billones de dólares fijada por Trump, el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Mike Rogers (R), busca nuevamente aumentar la asignación autorizada en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) a través del próximo proyecto de ley de reconciliación. ¿El plan? Destinar 450.000 millones de dólares adicionales en fondos de reconciliación para la defensa: ¡una cifra que triplica los 150.000 millones de dólares asegurados para este fin durante el esfuerzo preliminar de reconciliación del año pasado! Al parecer, este proceso se ha convertido en la nueva normalidad.
Rogers sostiene que dicha financiación resulta indispensable para alcanzar la meta establecida por Trump, y subrayó además que un presupuesto de defensa de 1,5 billones de dólares es necesario para sufragar proyectos de gran envergadura, tales como el escudo antimisiles *Golden Dome*, el caza de sexta generación F-47 y el programa de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) *Sentinel*. La reciente expiración del tratado *New START* el pasado 5 de febrero, sumada a este presupuesto récord y a la ejecución de estos grandes proyectos, impulsará con fuerza una nueva carrera armamentística nuclear.
Año tras año, observamos cómo aumenta la carga que el presupuesto de defensa supone para los contribuyentes, mientras que servicios cruciales que benefician a las comunidades —tales como la educación, la atención sanitaria y la remediación ambiental— han sufrido recortes presupuestarios. En 2023, el Pentágono gastó una suma muy superior a la que China, Rusia e Irán destinaron a defensa de manera conjunta.
A pesar de esta avalancha de fondos, los proyectos de armamento nuclear continúan acumulando retrasos y superando los costos proyectados. El misil balístico intercontinental (ICBM) Sentinel —un proyecto que, según la administración Trump, no puede financiarse adecuadamente sin un incremento adicional de 500.000 millones de dólares en el presupuesto— es tristemente célebre por sus masivos sobrecostos. En 2024, el proyecto desencadenó una «violación de la Ley Nunn-McCurdy», lo que derivó en una revisión exhaustiva y una reestructuración del mismo. Una violación de la Ley Nunn-McCurdy se produce cuando los costos de un programa importante de adquisición de defensa de los Estados Unidos exceden los umbrales establecidos por el Congreso, lo cual exige la presentación obligatoria de informes. En 2020, se estimó originalmente que el ICBM Sentinel costaría a los contribuyentes 78.000 millones de dólares; sin embargo, ahora se calcula que su costo ascenderá a 141.000 millones de dólares —incluso tras la reestructuración—, lo que representa un incremento del 81%.
El Laboratorio de Livermore es el laboratorio principal encargado del desarrollo de la nueva ojiva W87-1 para el misil balístico intercontinental (ICBM) Sentinel, y continúa recibiendo financiación plena a pesar de sufrir retrasos significativos y de no haber logrado siquiera presentar al Congreso una estimación de costos creíble (circunstancia que la Administración Nacional de Seguridad Nuclear —NNSA— atribuye a los retrasos del Departamento de Defensa en el programa del misil Sentinel).
Gracias a la labor de defensa y promoción de Tri-Valley CAREs, el Congreso exigió a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) que realizara una investigación sobre el proceso de presentación de informes de costos en la NNSA; dicha investigación reveló problemas graves y ofreció numerosas sugerencias.
En lugar de aumentar el presupuesto, el Congreso debe plantear las preguntas difíciles sobre a dónde se destina el dinero y qué es lo que realmente reciben los contribuyentes, al tiempo que exige rendición de cuentas a organismos como la Administración Nacional de Seguridad Nuclear y a los contratistas de defensa por los sobrecostos. Consulte nuestro blog sobre la presentación de informes de costos de la NNSA para obtener más información.
Destinar más dinero a estas armas innecesarias y anticuadas —propias de una era ya lejana, marcada por la fascinación por los grandes misiles nucleares— constituye un flagrante despilfarro de los fondos de los contribuyentes. Ha llegado el momento de la diplomacia y del retorno a los acuerdos de control de armas, y no de un gasto sin precedentes en armamento nuclear.